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2013/12/27

Alexa O'Brien: Chelsea Manning and Wikileaks


At Fort George "Orwell" Meade, home of the NSA and the US Defense Information School, managing the message of Chelsea Manning's trial was facilitated by a lack of public access to most of the court filings and rulings until 18 months into her legal proceeding.

While Manning disclosed approximately 750,000 documents to WikiLeaks, only 226 documents of those documents were charged against her under the Espionage and Computer Fraud and Abuse Acts.

Only now, three months after being convicted to thirty-five years in
prison on twenty counts (including seven containing the Espionage Act
language), do we know the identity of most of those 226 charged documents.

Do you want to know what put Manning away for 35 years? The truth is stranger than fiction.

Speaker: Alexa O'Brien
EventID: 5634
Event: 30th Chaos Communication Congress [30c3] by the Chaos Computer Club [CCC]
Location: Congress Centrum Hamburg (CCH); Am Dammtor; Marseiller Straße; 20355 Hamburg; Germany
Language: english
Begin: 12/27/2013 16:00:00 +01:00
Lizenz: CC-by

2012/09/15

Kissinger y el Plan Cóndor


Tomado de www.pacificar.com, Fuente: Agencia IPS, 13/08/2003


Recientemente, el Departamento de Estado de EEUU ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y "desapariciones" tras asumir el poder en marzo de 1976.

Los 4.677 documentos desclasificados muestran la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes.

Una gran parte de esta documentación está compuesta por los telegramas, memorándums y cables que fueron intercambiados entre la Embajada de EEUU en Buenos Aires y el Departamento de Estado en Washington. Estos escritos ponen en evidencia que tres Administraciones estadounidenses consecutivas -las de Ford, Carter y Reagan- colaboraron con la junta militar, pese a ser plenamente conscientes de los crímenes y atrocidades que se estaban cometiendo en Argentina en el nombre de la "lucha contra el terrorismo". Los gobiernos norteamericanos estaban bien informados de lo que sucedía gracias a la estrecha relación de los funcionarios de la Embajada con los militares que dirigían los "escuadrones de la muerte" y los centros de tortura.

Sin embargo, Washington veía estas acciones criminales como algo necesario para salvaguardar los intereses de EEUU y los de la élite gobernante argentina.

Los documentos fueron desclasificados en base a una petición de varias organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos, incluyendo la de las Madres de Plaza de Mayo, formulada a la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, durante una visita de ésta a Buenos Aires en el año 2000. Sin embargo, los documentos hechos públicos pertenecen sólo al Departamento de Estado. Los de la CIA y el Pentágono, que podrían aportar informaciones incluso más relevantes, en especial acerca de los responsables militares y de inteligencia de EEUU involucrados más directamente en los crímenes de la dictadura argentina, continúan clasificados.

El lenguaje diplomático utilizado en los documentos del Departamento de Estado oculta en buena medida el papel jugado por EEUU en la represión de Argentina. El nivel real de la implicación norteamericana queda reflejado en algunos documentos en los que se detallan fricciones entre los diplomáticos de carrera estadounidenses destinados en Argentina, que sermoneaban en diversas ocasiones a los militares argentinos por sus violaciones de los derechos humanos, y algunos responsables políticos y militares de Washington que pedían a aquéllos que continuaran con su represión.

Entre los documentos más relevantes puede citarse un cable enviado por el embajador norteamericano, Richard Hill, al Departamento de Estado en octubre de 1976. En él se describe la reacción "eufórica" del ministro de Exteriores de Argentina, Almirante César Guzzetti, tras una visita a Washington donde mantuvo conversaciones con el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger; el vicepresidente, Nelson Rockefeller, y otros altos responsables.

Según el cable, en sus conversaciones con Guzzetti, Kissinger y Rockefeller manifestaron que "comprendían" que la dictadura argentina "se viera obligada" a emplear métodos represivos y pidieron únicamente a la junta militar que "acabara con el problema del terrorismo tan rápidamente como fuera posible". Otros responsables norteamericanos aconsejaron amistosamente a Guzzetti que evitara tomar medidas represivas contra los clérigos de la Iglesia Católica y controlara a una facción radical del Ejército que utilizaba esvásticas nazis y otros símbolos fascistas en las prisiones y las cámaras de tortura.

"Guzzetti fue a EEUU temiendo que recibiría allí reproches o advertencias por parte de las autoridades norteamericanas por las atrocidades cometidas por la junta militar". Sin embargo, escribe el embajador Hill, "él volvió a Argentina en un estado de euforia, convencido de que el gobierno de EEUU no pondría ningún reparo al proceder de las autoridades argentinas en este tema (de la represión contra la oposición)".
En la víspera de la visita de Guzzetti, el embajador Hill envió otro mensaje al Departamento de Estado en el que manifestaba que había advertido al almirante argentino que "el asesinato de sacerdotes y el arrojar 47 cuerpos en la calle en un solo día no va a ser considerado por la opinión pública como una medida apropiada para una victoria rápida frente a los terroristas; por el contrario, estas acciones serán con toda probabilidad contraproducentes".

Durante las conversaciones celebradas en Washington, Kissinger repitió el mismo mensaje que había transmitido a Guzzetti en un encuentro de la Organización de Estados Americanos, celebrado en Santiago de Chile cuatro meses antes. En aquella cumbre, según desvela un cable anteriormente desclasificado, Guzzetti se entrevistó con Kissinger y sacó a relucir el tema de la guerra sucia en Argentina con el propósito de tantear la opinión del secretario de Estado. Hay que recordar que, en aquella época, gran número de estudiantes, intelectuales, trabajadores, profesionales y otras personas a las que la dictadura tildaba de "subversivas" eran arrestadas y conducidas por comandos del Ejército a campos de concentración. Allí, dichas personas eran sometidas a atroces torturas y, posteriormente, asesinadas.

Según el cable, Kissinger preguntó a Guzzetti cuánto tiempo más duraría el reinado del terror en Argentina. Cuando Guzzetti prometió que "el problema terrorista" sería eliminado en seis meses, Kissinger dio su aprobación expresa al almirante para que la junta siguiera adelante con su política.

Así pues, los documentos desclasificados muestran que Kissinger y otros altos responsables norteamericanos dieron luz verde a los jefes de la junta militar para que llevaran a cabo sus crímenes y estuvieron en todo momento bien informados acerca de ellos.

Muchos de los documentos desclasificados incluyen descripciones detalladas de los métodos de tortura empleados por los militares contra los opositores detenidos. Un memorándum de la Embajada de EEUU de 1979 da los siguientes detalles: ".... quemaduras de cigarrillos, violaciones, abusos sexuales, extracción de los dientes, uñas y ojos, derramamiento de agua, aceite hirviendo o ácido sobre los cuerpos de los detenidos, o incluso la castración".

Entre los papeles se encuentra también una declaración de la Embajada de 1977, en la que se relata cómo las mujeres detenidas eran torturadas por medio de corrientes eléctricas, introducción de sus cabezas en cubos de agua hasta casi ahogarse, violación física por parte de sus torturadores o por medios mecánicos, introducción de ratas y arañas en sus vaginas, mordeduras de perros, torturas de sus parientes o compañeros delante de ellas, golpes en sus vientres para que abortaran, etc.".

Otros informes hablan de mujeres golpeadas con las culatas de los rifles hasta perder el conocimiento, madres obligadas a ver cómo sus hijos eran torturados y bebés separados de sus madres, que luego eran ejecutadas. Todo esto es lo que Kissinger y otros miembros de la clase dirigente norteamericana aprobaron, con tal de que todo transcurriera "de la forma más rápida posible".

Los responsables norteamericanos escribieron también memorándums que dejan claro que, bajo la cobertura de la "guerra contra la subversión", la junta pretendía en realidad destruir todos los movimientos sociales de oposición. Un documento elaborado por Harry Shlaudeman -un alto responsable para América Latina del Departamento de Estado- para la atención de Kissinger en agosto de 1976 comparaba los objetivos del plan de "desarrollo nacional" de la junta militar argentina con los del régimen nazi.

"La ideología del desarrollo nacional tiene obvios paralelismos con el nacionalsocialismo. Los opositores al régimen militar llaman a éste fascista. Aunque este término se emplea normalmente con una finalidad peyorativa, hay que decir que él puede ser en este caso adecuado técnicamente.... Para que su plan económico funcione, ellos tienen que destruir el poder de las estructuras tradicionales y, especialmente, el movimiento sindical".

Así, mientras que los responsables norteamericanos se molestaron en advertir a los militares argentinos en contra de la tortura de sacerdotes, no tuvieron palabra alguna que decir acerca de la represión dirigida contra el movimiento sindical o asociativo. Un mes después de que fuera elaborado el memorándum de Shlaudeman, los militares intervinieron con brutalidad para eliminar una huelga en el sector automovilístico que afectaba a varias fábricas, incluyendo una de la multinacional Ford -situada en General Pacheco, cerca de Buenos Aires- que más tarde se convertiría en uno de los centros de tortura del régimen militar. Pese a haber dictado largas condenas de prisión para los líderes de la huelga, las autoridades hicieron poco uso del sistema legal. En su lugar, la Junta emprendió una campaña de terror, con secuestros, torturas y ejecuciones sumarias, con el fin de acabar con el conflicto.

En marzo de 1978, un informe de la Embajada estadounidense en Buenos Aires estimó que el número de desaparecidos alcanzaba entonces una cifra situada entre los 12.000 y los 17.000. Según el informe, una parte importante de los desaparecidos eran trabajadores y activistas sindicales acusados de promover huelgas. En muchos casos, los familiares de los trabajadores eran también secuestrados. En total, el documento menciona la cifra de unos 3.000 familiares desaparecidos.

El memorándum elaborado por Shlaudeman también detalla el lanzamiento de la así llamada Operación Cóndor, una red de cooperación organizada entre las policías secretas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia que permitía la captura y ejecución de opositores políticos por parte de la policía de cualquiera de tales estados más allá de sus fronteras nacionales. Los regímenes militares que gobernaban todos estos países alcanzaron el poder tras derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, para lo cual contaron con la colaboración de la CIA y el Departamento de Estado de EEUU. La Operación Cóndor permitió secuestrar y hacer "desaparecer" a los opositores políticos mediante operaciones transnacionales, que incluyeron la utilización de "escuadrones de la muerte" para asesinar a aquéllos en cualquier lugar del mundo. El crimen más infame a este respecto tuvo lugar en las calles de Washington, donde un coche bomba mató al antiguo ministro de Exteriores de Chile, Orlando Letelier, en septiembre de 1976.

Los documentos muestran que la Administración Carter (1977-80) expresó su impaciencia hacia las políticas de la Junta Militar argentina, por sus abiertas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, como dejan claro dos informes de1978, lo que realmente temía el gobierno de EEUU es que una represión indiscriminada acabara provocando revueltas y la desestabilización de Argentina.

Uno de estos documentos, fechado el 1 de marzo de 1978, reconoce que varios cuerpos desnudos, decapitados y con las manos esposadas habían aparecido en las playas de Río de la Plata. Un memorándum enviado dos semanas más tarde por la Embajada a Washington contiene una advertencia del embajador norteamericano en el sentido de que la represión continuada podía producir la radicalización de diversos sectores de la sociedad argentina, que estaban demandando ya que se diera a conocer una lista con los nombres de los desaparecidos. Sin embargo, el embajador recomendaba que EEUU continuara prestando su apoyo a la dictadura argentina basándose en la ridícula afirmación de que la actuación de la Junta Militar en el terreno de los derechos humanos "estaba mejorando".

Como otros documentos señalan, el descenso en el número de desaparecidos en 1978 se limitaba a reflejar la extrema dureza de la represión durante los dos primeros años de la dictadura (1976-77). Un informe de febrero de 1979 que trata acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año anterior refleja que el número de desapariciones en 1978 disminuyó a causa de "la escasez de objetivos tras dos años de una represión a gran escala".

En el verano de 1977, el Senado de EEUU aprobó una legislación que prohibía la ayuda militar a Argentina si en un plazo de dos años el régimen no mejoraba su actuación en el terreno de los derechos humanos. Uno de los documentos desclasificados -una carta del senador Edward Kennedy al secretario de Estado Cyrus Vance- sugiere que la Administración Carter intentaba burlar la legislación al apresurar los envíos de material militar a Argentina antes de que concluyera el plazo límite marcado por el Senado
Otro memorándum de la Embajada de EEUU, fechado en julio de 1977 y dirigido al secretario de Estado adjunto Terence Todman, en la víspera de su visita a Argentina, muestra a las claras la actitud de la Administración Carter. El memorándum aconsejaba a Todman que manifestara a los dictadores argentinos que EEUU "celebraba la declaración oficial argentina de que la guerra contra el terrorismo estaba a punto de ganarse".

El documento aconsejaba, sin embargo, a Todman que transmitiera a la Junta que "lo que más inquieta a muchos de los amigos de Argentina son las dramáticas desapariciones", citando el caso concreto del secuestro de un antiguo embajador. No obstante, el documento no refleja ninguna inquietud por la suerte de los miles de estudiantes o trabajadores desaparecidos. Finalmente, contenía un elogio a la política económica de la Junta: "Deseamos mostrar nuestra satisfacción por el proceso de estabilización que está teniendo lugar en Argentina. Estamos complacidos por el hecho de que los inversores extranjeros estén hallando ahora un clima mucho más favorable en el país".

Con la llegada al poder de la Administración Reagan en 1981, EEUU estrechó sus relaciones con la Junta Militar argentina sin preocuparse ya de ninguna consideración acerca de la situación de los derechos humanos. El régimen argentino proporcionó entrenamiento y ayudas a los mercenarios de la contra de Nicaragua en su campaña en contra del gobierno sandinista en los años ochenta y participó también, de diversas formas, en las operaciones contrainsurgencia conjuntas que tuvieron lugar en El Salvador y otros países de América Central. Un cable del Departamento de Estado, fechado el 24 de marzo de 1981, informa de las negociaciones iniciales que condujeron a la participación argentina en tales operaciones. Aunque la Embajada norteamericana continuó enviando informes acerca de desapariciones y violaciones de los derechos humanos, Washington sencillamente las ignoró.
La creciente oposición a la dictadura acabó cristalizando en masivas manifestaciones de protesta en los últimos días de marzo de 1982 y en diversos disturbios en las calles de Buenos Aires. Los documentos enviados por la Embajada de EEUU en aquella época muestran una creciente preocupación por la estabilidad del régimen.


En abril de 1982, en un intento de ganar apoyo popular y neutralizar a la oposición mediante la elevación del sentimiento nacionalista, el jefe de la Junta, general Leopoldo Galtieri, lanzó una invasión mal planificada contra las Islas Malvinas, una posesión colonial británica. La Junta Militar argentina creyó ingenuamente que los servicios prestados a EEUU en América Central harían que Washington presionara a Londres para que aceptara el hecho consumado y abandonara las islas en manos argentinas. Sin embargo, la Administración Reagan respaldó al Reino Unido y le ayudó a montar una ofensiva aeronaval que terminó con la recuperación británica de las islas y una masacre de reclutas argentinos, que se hallaban en ellas en una situación deplorable. La derrota humillante supuso la sentencia de muerte para el régimen militar.

Entre los documentos de esa época figuran varios informes de oficiales de la inteligencia norteamericana que podrían ser utilizados en el previsto juicio a Galtieri por su implicación en el secuestro y ejecución de varios exiliados argentinos capturados en Brasil en los años 1979-80. El antiguo general se haya actualmente en una situación de arresto domiciliario.

Aunque muchos de los documentos desclasificados tienen una antigüedad de al menos 25 años, sus repetidas justificaciones de los asesinatos y torturas llevadas a cabo por los militares, no sólo en Argentina sino en toda América Latina, en el nombre de la "guerra contra el terrorismo" suenan demasiado familiares en la actualidad.

Esto no es una mera coincidencia histórica. Henry Kissinger continúa siendo una figura muy influyente en los sectores que dirigen la política exterior norteamericana. Además, muchos de los que dirigen hoy en Washington la política que combina el asalto contra los derechos democráticos dentro de EEUU y la ola de militarismo desenfrenado en el extranjero, son los mismos que en su día jugaron un papel clave a la hora de consolidar el apoyo norteamericano a la Junta Militar argentina en los años setenta.

En el momento en que tuvo lugar el golpe de estado de 1976 en Argentina, el actual vicepresidente Dick Cheney era el jefe de personal de la Casa Blanca. Él había servido anteriormente en el seno de la Administración Nixon y, más tarde, en el equipo de transición que dispuso la transferencia de poderes a la Administración Ford tras el estallido del escándalo Watergate y la dimisión de Nixon. Por su parte, el actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ocupaba entonces la misma posición que en la actualidad. Desde ésta posición, Rumsfeld supervisó la coordinación de la ayuda militar a la junta militar argentina y a otros regímenes dictatoriales que estaban utilizando sus ejércitos para reprimir y masacrar a sus propios pueblos. Así pues, junto con Kissinger, Cheney y Rumsfeld formaban parte del equipo que dirigió la política exterior de EEUU en aquel período.

Henry Kissinger está siendo hoy reclamado por diversos tribunales en España, Argentina, Chile, Francia y otros países para que conteste a las preguntas acerca de su implicación en el diseño de los golpes de estado que derribaron a varios gobiernos latinoamericanos democráticamente elegidos y en la concesión de la ayuda militar a regímenes que llevaron a cabo innumerables y masivos crímenes. En la actualidad, Kissinger ya no viaja al extranjero sin recibir antes garantías de que no será detenido.

La realidad es que existen sólidos fundamentos para enjuiciar por el cargo de crímenes contra la humanidad no sólo a Henry Kissinger, sino a varios de los principales dirigentes norteamericanos de la actualidad. Algunos de estos dirigentes, como Cheney y Rumsfeld, que están en la actualidad presionando a Bush para que lance una guerra de agresión contra Iraq, tienen también muchas preguntas que responder acerca de su papel en los crímenes cometidos hace ahora un cuarto de siglo en Argentina bajo el mismo eslogan de la "lucha contra el terrorismo" que se utiliza hoy. Ellos proporcionaron el apoyo indispensable que diversos regímenes dictatoriales, como el de Argentina y otros, necesitaban para matar y torturar a decenas de miles de personas y encarcelar a varios cientos de miles más.

Tomado de www.pacificar.com, Fuente: Agencia IPS, 13/08/2003

15 de Septiembre de 1973 asesinan a Victor Jara

15 de septiembre de 1973 matan a Victor Jara en Chile, bajo la dictadura de Derecha de Pinochet regimen auspiciado por Estados unidos y su Plan Condor, cantante de protesta al que le cortaron las manos y luego le fusilaron:

2012/08/05

Declaración por la Libertad en Internet

PREÁMBULO

Creemos que un internet libre y abierto puede hacer un mundo mejor. Para mantener internet libre y abierto, pedimos a las comunidades, empresas y países que reconozcan estos principios. Creemos que ayudarán a propiciar una mayor creatividad, más innovación y sociedades más abiertas.

Nos unimos a un movimiento internacional para defender nuestras libertades porque creemos que merece la pena luchar por ellas.

Discutamos estos principios, —los aceptaremos o refutaremos, los debatiremos, los traduciremos, los haremos nuestros y propagaremos la discusión a nuestra comunidad– como solo puede ser posible en internet.

Únase a nosotros para que internet siga siendo libre y abierto.

DECLARATION of INTERNET FREEDOM

Preamble

We believe that a free and open Internet can bring about a better world. To keep the Internet free and open, we call on communities, industries and countries to recognize these principles. We believe that they will help to bring about more creativity, more innovation and more open societies.
We are joining an international movement to defend our freedoms because we believe that they are worth fighting for.

Let’s discuss these principles — agree or disagree with them, debate them, translate them, make them your own and broaden the discussion with your community — as only the Internet can make possible.

Join us in keeping the Internet free and open... 

Find more information at http://www.internetdeclaration.org/

2012/04/07

Internet yet again in peril, in the form of CISPA

Source: http://avaaz.org/en/

Right now, the US Congress is sneaking in a new law that gives them big brother spy powers over the entire web -- and they're hoping the world won't notice. We helped stop their Net attack last time, let's do it again.

Over 100 Members of Congress are backing a bill (CISPA) that would give private companies and the US government the right to spy on any of us at any time for as long as they want without a warrant. This is the third time the US Congress has tried to attack our Internet freedom. But we helped beat SOPA, and PIPA -- and now we can beat this new Big Brother law.

Our global outcry has played a leading role in protecting the Internet from governments eager to monitor and control what we do online. Let's stand together once again -- and beat this law for good. Sign the petition then forward to everyone who uses the Internet:

http://www.avaaz.org/en/stop_cispa/?vl

Under the Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA), if a cyber threat is even suspected, companies we use to access the Internet will have the right to collect information on our activities, share that with the government, refuse to notify us that we are being watched and then use a blanket immunity clause to protect themselves from being sued for violation of privacy or any other illegal action. It's a crazy destruction of the privacy we all rely on in our everyday emails, Skype chats, web searches and more.

But we know that the US Congress is afraid of the world's response. This is the third time they have tried to rebrand their attempt to attack our Internet freedom and push it through under the radar, each time changing the law's name and hoping citizens would be asleep at the wheel. Already, Internet rights groups like the Electronic Frontier Foundation have condemned the bill for its interference with basic privacy rights -- now it's time for us to speak out.

Sign the petition to Congress opposing CISPA. When we reach 250,000 signers our call will be delivered to each of the 100 US Representatives backing the bill:

http://www.avaaz.org/en/stop_cispa/?vl

Internet freedom faces threats everyday from governments around the world -- but the US is best placed to attack the rights of Internet users because so much of the Net's infrastructure is located there. Our movement has, time and time again, proven that global public opinion can help beat back US threats to our Net. Let's do it again.

With hope,

More information

Move over SOPA & PIPA: Here comes CISPA — Internet censorship (Digital Journal)
http://www.digitaljournal.com/article/322396

CISPA: Congressional plan to censor Internet concerns critics (Examiner)
http://www.examiner.com/progressive-in-portland/cispa-congressional-plan-to-censor-internet-concerns-critics

Good freedom, bad freedom: Irony of cybersecurity (RT)
http://rt.com/usa/news/usa-internet-cybersecurity-cispa-299/

Internet SOPA/PIPA Revolt: Don’t Declare Victory Yet (Wired)
http://www.wired.com/threatlevel/2012/01/internet-revolt-follow/

H.R. 3523: Cyber Intelligence Sharing and Protection Act of 2011
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3523

2012/04/06

Obama administration is still voicing support for SOPA

Can you believe this? After the largest online protest in history, the Obama administration is still voicing support for SOPA.

We promised to ask for your help if SOPA returned. We're asking now. This kind of backtracking demands a strong, fast response. We're running a petition to demand that Obama drop all support for internet censorship.

Our goal? Get more signatures than the top petition on whitehouse.gov -- 151,000 signatures. Tell Obama to promise: "I will never advance legislation that blocks websites or disconnects Americans’ internet access.”

What is the White House working on exactly? Just the other day, the administration sent a letter to Congress to demonstrate their support for new internet censorship legislation. A few weeks ago, the White House struck a deal to give corporations private powers to shut down your internet connection (after "six strikes" without due process or judicial review), completely in secret.

Obama's internet would let private companies block sites and turn off our web connections. Blocking websites censors free speech, hurts jobs, and breaks the internet. These are tactics used by totalitarian governments and we believe they’re never ok.Let's get more signatures than any petition on whitehouse.gov.

As Wired noted*, "The White House did say that it wouldn't endorse a bill that endangers freedom of expression, increases cybersecurity risks, or negatively affects the DNS system. On the other hand, it says elsewhere that "combating online infringement" -- not protecting free speech -- is a governmental priority "of the highest order." What about free speech, Obama?

Sign the petition now, then share it to keep the internet strong. Our friends need to know where the President is currently standing on SOPA.


We couldn't have stopped SOPA and PIPA without you and all of your friends! And we can't do it without you now. Let's make sure SOPA 2.0 never gets written.

Thank you,

Tiffiniy, Zak, Fight for the Future!

* The Wired article can be read in full here: http://a.fightforthefuture.org/go/21?akid=69.583349.e8bwxx&t=10

To learn more about the White House's support of internet censorship, see this article on CNet: http://a.fightforthefuture.org/go/21?akid=69.583349.e8bwxx&t=12

2011/12/28

2011/12/25

Boycott GoDaddy

Happy Holidays -- we have some great news to share.

We've just won two huge battles in the fight against Internet censorship -- everything you are doing is working! First off, the House of Representatives failed to move SOPA out of committee! Why? Because their offices got swamped with phone calls and overwhelmed by the snowballing opposition. Thank you for helping make that happen.

Second, in response to the boycott of GoDaddy, the web hosting company just made a public announcement that it's dropping its support of SOPA. Amazing what you have made happen.

Yet, we can't let GoDaddy off the hook just yet. GoDaddy supports the Senate version of SOPA, called the PROTECT IP Act (PIPA). The boycott has to continue -- Please click here to pledge to join it.

Please join us in holding GoDaddy accountable, until they drop any and all efforts to support not just SOPA, but also its Senate cousin, PIPA. The boycott already worked to get GoDaddy to change their position on SOPA, now we urgently need to hear from GoDaddy about PIPA too.

So what's next?

The PIPA bill is still alive and strong in the Senate, and could be voted on in January. Like SOPA, it threatens free speech, innovation, and the basic structure of the Internet.

Keep transferring your domains from GoDaddy until they fully come out against PIPA and SOPA. They need to send a letter to Congress making their opposition to both bills clear -- Click here to join the cause.

Thank you for all that you do -- it is working!

Tiffiniy & Phil

Fight for the Future